La UE acuerda un recorte de "al menos el 55%" de emisiones de CO2 en 2030
La Unión Europea presentó el miércoles una nueva propuesta de legislación para reducir 55% durante esta década las emisiones que causan el calentamiento planetario, incluido un controvertido plan para gravar a las empresas extranjeras por la contaminación que causan.
Las propuestas de la Comisión Europea, el poder ejecutivo de la UE, abarcan todo, desde límites más estrictos a la contaminación de los automóviles hasta nuevos límites nacionales a los gases que emitan los edificios. El proyecto renovará un esquema del bloque bajo el cual las empresas pagan por contaminar.
La nueva iniciativa involucra una decena de propuestas importantes, la mayoría de ellas con base en leyes ya vigentes para cumplir con el antiguo objetivo de la UE de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para 2030, en comparación con los niveles de 1990 y debe ser respaldada por los 27 países miembros y legisladores del bloque.
Los líderes mundiales acordaron hace seis años en París mantener el aumento del calentamiento global por debajo de los 2 grados Celsius (3,6 Fahrenheit), e idealmente no más de 1,5 grados C (2,7 F) para finales de siglo. Los científicos dicen que ninguno de los dos objetivos se logará a menos que se tomen medidas drásticas para reducir las emisiones.
La Comisión Europea quiere explotar el ánimo público de cambio provocado por la pandemia de COVID-19. Ya está canalizando más de un tercio de un enorme paquete de recuperación destinado a revivir las economías europeas devastadas por las restricciones del coronavirus en objetivos orientados al clima.
El objetivo de la legislación “Fit for 55”, dicen los funcionarios de la comisión, es alejar al continente de los combustibles fósiles y cuidar mejor el medio ambiente mediante el diseño de políticas, en lugar de verse obligados a tomar medidas desesperadas cuando sea demasiado tarde.
Dadas las implicaciones, las propuestas seguramente estarán sujetas a un cabildeo intenso por parte de la industria y los grupos ambientales a medida que atraviesan el proceso legislativo durante al menos el próximo año. También encontrarán resistencia debido a las energías que utilizan los países miembros. Por ejemplo, Polonia depende más del carbón y Francia de la energía nuclear.
Uno de los elementos más polémicos es el plan de gravar a las empresas extranjeras por contaminar, lo cual previsiblemente aumentará el precio de ciertos bienes, especialmente el acero. El objetivo es aliviar la presión sobre los productores europeos que reducen las emisiones, pero compiten con importadores que no tienen las mismas restricciones ambientales.
La pregunta es cómo la UE, conocida por su firme defensa del comercio abierto, se asegurará de que el impuesto al carbono cumpla con las reglas de la Organización Mundial del Comercio y no se considere una medida proteccionista. (AP)